Un año más, HelpAge España ha organizado el foro “Vivir más, vivir mejor”, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. Bajo el título “Los retos de las políticas de cuidados desde un enfoque basado en derechos”, esta quinta edición se ha celebrado de forma virtual los días 30 de septiembre y 1 de octubre y ha contado con la participación de expertas y expertos del ámbito académico, social y político.
La inauguración del foro también contó con la participación del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y de la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, Claudia Mahler.
Nacho Álvarez hizo hincapié en la importancia de abordar los cambios demográficos y el envejecimiento de la población desde la cultura del buen trato y desde un enfoque basado en derechos. En este sentido, el secretario de Estado de Derechos Sociales señaló cuatro reflexiones que deben estar presentes en el diseño de las políticas públicas. En primer lugar, es fundamental considerar que las personas mayores no son un colectivo homogéneo, sino un segmento de la población cada vez más numeroso y diverso y cada persona tiene unas necesidades específicas. En segundo lugar, Nacho Álvarez señaló la necesidad de que las políticas públicas se alejen de estereotipos y de planteamientos que asocien la edad avanzada al declive o a la inactividad, ya que no podemos pensar en las personas mayores como un colectivo dependiente y vulnerable, sino que debemos resaltar su capacidad de acción, su autonomía y, sobre todo, su derecho a la toma de decisiones autónoma.
En tercer lugar, debemos poner en valor la contribución, experiencia y conocimientos de las personas mayores en la sociedad y entender el envejecimiento como una oportunidad para toda la sociedad. Por último, el secretario de Estado de Derechos Sociales afirmó que las políticas públicas deben garantizar que los derechos de una persona, de cualquier persona, no deben limitar nunca los de otra. Por tanto, mejorar la vida de las personas mayores y encontrar estrategias que garanticen sus derechos nunca deben entenderse como un conflicto intergeneracional que afecte a los derechos y las necesidades de las personas jóvenes.
Por su parte, Claudia Mahler, la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, señaló en su mensaje que la pandemia de COVID-19 ha visibilizado los problemas a los que se enfrentaban las personas mayores y los ha puesto en el centro del debate público, pero recalcó la necesidad de contar con una herramienta jurídica a nivel internacional para que se garanticen los derechos de las personas mayores. La Experta Independiente también afirmó que “no puede haber dignidad e igualdad de derechos si las personas mayores continúan siendo vistas principalmente como beneficiarias de cuidados y apoyo que crean presión sobre los presupuestos y los recursos”. En este sentido, también defendió la necesidad de adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para “cambiar este paradigma de bienestar a uno que reconozca a las personas mayores como titulares de derechos que tienen las mismas garantías de dignidad, igualdad, participación, autonomía e independencia durante toda su vida”.
Tras la inauguración de este foro, se celebró la mesa de diálogo “El compromiso de la Unión Europea con las Personas Mayores”, en la que participaron Astrid Dentler, Miembro del Gabinete de la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Democracia y la Demografía, y Borja Arrue, responsable de políticas de cuidados de larga duración en AGE Platform Europe, y que estuvo moderada por Alberto Infante Campos, Doctor en Medicina y secretario de HelpAge España.
Astrid Dentler explicó en su intervención algunos aspectos relevantes del Libro Verde sobre el Envejecimiento elaborado por la Comisión Europea. Este documento parte de un nuevo enfoque del envejecimiento, entendido como un proceso que inicia cuando nacemos y abarca todas las etapas de la vida. Astrid Dentler afirmó que uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos es asegurar que el sistema esté preparado para una demanda creciente de cuidados de larga duración. En este sentido, es fundamental discutir sobre el acceso, la calidad y la fuerza laboral de los cuidados. Además, señaló que “en estos cuidados, debemos tener presente el papel de las mujeres en los cuidados formales e informales y lo que significa para su situación personal, laboral, su remuneración y al final la sociedad entera.”
Por su parte, Borja Arrue también destacó la importancia del Libro Verde sobre Envejecimiento, pero defendió la necesidad de plasmar todas estas propuestas y consultas en un Libro Blanco que comprometa realmente a los países de la Unión Europea a seguir una estrategia coordinada y concreta en materia de envejecimiento. A lo largo de su intervención, el responsable de políticas de cuidados de AGE Platform Europe señaló algunos de los problemas que existen a nivel europeo en este sentido, como las grandes diferencias que hay respecto a la inversión, la profesionalización y la calidad de los cuidados en los distintos países. Además, también destacó que cuando hablamos de cuidados no podemos olvidarnos de hacerlo desde una perspectiva de género: el 80% de cuidadores informales son mujeres. Borja Arrue también defendió la importancia de trabajar contra el edadismo y defendió la necesidad de contar con una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores. En este sentido, destacó la importante labor que está haciendo en España de la Mesa Estatal por los derechos de las personas mayores para conseguir el apoyo de los grupos parlamentarios a la creación de una Convención.
En la segunda jornada, celebrada el 1 de octubre, se celebró la presentación del “El derecho a los cuidados de las personas mayores”, impulsado por HelpAge España y realizado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València (IDH-UV), que estuvo precedida por la conferencia “Reinventar los cuidados en el siglo XXI” a cargo de Antonio Ariño, Catedrático de Sociología en la Universitat de València.
A lo largo de su intervención, Antonio Ariño explicó cómo la agenda de los cuidados se nutre a su vez de cuatro agendas: la agenda feminista, la agenda generacional, la agenda ecologista y la agenda de la desigualdad. Es decir, la agenda de los cuidados tiene que ver con quién cuida, qué personas tienen que ser cuidadas, en qué entornos, barrios, ciudades o pueblos y con qué recursos. Ariño destacó la necesidad de abordar la “crisis de los cuidados”, definida por Ruth Rosen, y de reorganizar la sociedad y los cuidados para que las personas estén en el centro. Además, es esencial que el aumento de la esperanza de vida también signifique mejor calidad de vida y que todo aquello que ha pertenecido tradicionalmente al ámbito privado y doméstico pase a ser una cuestión política. La enorme transformación social que supone el aumento de la esperanza de vida implica también la aparición de nuevas necesidades y, por tanto, de necesidad de definir nuevos derechos.
Tras esta conferencia, tuvo lugar la presentación del informe “El derecho a los cuidados de las personas mayores” impulsado por HelpAge España y realizado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València (IDH-UV). El equipo que lo ha elaborado ha estado formado por Fernando Flores (coordinador del equipo, profesor de Derecho Constitucional y director del IDHUV), Antonio Ariño (catedrático de Sociología UV), Vanessa Cordero (profesora de Derecho del Trabajo UV), María Dalli (investigadora Juan de la Cierva UV), Aina Faus (profesora de Sociología UV), Celia Fernández-Carro (profesora de Sociología UNED), Fabiola Meco (profesora de Derecho civil) UV y Sacramento Pinazo (profesora de Psicología Social UV). El informe completo está disponible en la página web de HelpAge España. En la presentación del informe, Sacramento Pinazo, Aina Faus y Fernando Flores, explicaron cómo esta publicación aborda los cuidados y el derecho al cuidado desde muy diversas perspectivas y con un enfoque basado en derechos. En primer lugar, este informe parte del complejo concepto cuidar, entendido como apoyar a las personas en su autonomía, y aborda el debate sobre la consideración de los cuidados como un derecho fundamental o un conjunto de derechos. Así, desde una mirada holística, esta publicación describe, contextualiza y analiza aspectos a los que, hasta ahora, se les había prestado poca atención, como la dimensión subjetiva del cuidado. En este sentido, sacramento Pinazo destacó que cuidar de un sujeto de derechos, es cuidar de un ser singular que tiene una historia, que tiene una identidad esculpida a lo largo del tiempo y que la persona cuidadora debe respetar y promover en la medida de sus posibilidades.
Este informe, además, aborda la discriminación y los abusos en el ámbito de los cuidados en España, explica la normativa y las políticas públicas de los cuidados en España y realiza propuestas para un nuevo modelo de cuidados en los que las personas estén en el centro. Además, este este informe ofrece una visión general de la normativa que existe en España para la protección de la dependencia y la promoción de la autonomía personal. Para ello, hace un análisis crítico de la Ley Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y de cinco casos autonómicos de desarrollo de la normativa estatal sobre dependencia y de otros ámbitos relacionados, como los servicios sociales. A pesar de que la LAPAD reconoce por primera vez en España la protección a la dependencia y la prevención para la autonomía personal como derechos subjetivos, este informe muestra que la enorme necesidad de ampliar la cobertura del sistema. De hecho, tal y como destacó Aina Faus, esta ley tiene grandes limitaciones, como reforzar el rol cuidador de las familias y de las mujeres como cuidadoras, no contar con un presupuesto estatal o el desajuste temporal desde que se concede esta ayuda hasta cuando se presta.
Por su parte, Fernando Flores expuso algunas de las principales conclusiones del informe y se detuvo en las líneas en las que deberían basarse un nuevo modelo de cuidados y que se recogen en el último capítulo de esta publicación. En este sentido, el informe destaca la importancia de dar mayor visibilidad de los cuidados, es decir: poner los cuidados en el centro del debate público para mejorar los recursos y los medios para garantizar los cuidados adecuados. Además, los cuidados deben estar centrados en las personas y considerarlas como ciudadanas, en sus derechos y obligaciones. El modelo de cuidados debe atender a las necesidades y los deseos de las personas, para que el cuidado sea entendido como el apoyo a la autonomía personal.
Tal y como muestra el informe, cuidar bien es muy complejo y, por tanto, esencial que exista mayor corresponsabilidad de todos los actores y que esté dirigida a combatir la brecha de género. Asimismo, es esencial que exista coordinación a todos los niveles para que las políticas de cuidados sean eficaces. Los autores del informe también señalan la necesidad de que definir un derecho a los cuidados para que los cuidados no dependan de una decisión política, sino que existan estructuras, acciones y comportamientos atribuibles a poderes públicos y entidades privadas, exigibles por los ciudadanos, si es necesario ante los tribunales. Además, es necesario que exista mayor atención al envejecimiento y a los cuidados en las políticas públicas para diseñar y ejecutar actuaciones que redunden en una mayor calidad de vida de las personas mayores y es fundamental que estas políticas cuenten con la suficiente dotación presupuestaria y una buena ejecución.
Por otro lado, el informe destaca que los cuidados deben tener una mirada local, ya que es uno de los elementos fundamentales para la construcción de un modelo de cuidados eficiente, y es fundamental que se adopte una perspectiva de género. Tal y como se señala a lo largo del informe, el cuidado informal recae mayoritariamente en las mujeres y, además, el cuidado formal y profesional está fuertemente feminizado y precarizado. Por ello, el informe señala la urgente necesidad de dignificar los cuidados e incorporar una perspectiva de género que sirva para exigir la corresponsabilidad en el cuidado y corregir desigualdades.
