El pasado 26 de febrero de 2025, el Congreso de los Diputados aprobó la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una medida esencial para erradicar esta lacra social en España. Este pacto, firmado originalmente en 2017, ha sido ampliado y fortalecido con un conjunto de acciones más ambiciosas, reflejando el compromiso firme de la sociedad y las instituciones con la protección de las mujeres y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
La nueva versión del pacto incorpora un total de 462 medidas, frente a las 290 del acuerdo inicial, sumando así 172 nuevas iniciativas. Estas acciones abarcan múltiples ámbitos: desde la prevención hasta la protección y el apoyo a las víctimas, además de la sensibilización y la educación para erradicar la cultura machista que perpetúa la violencia. Entre las principales novedades, destaca la inclusión de nuevas formas de violencia que afectan a las mujeres, como la violencia vicaria, la violencia económica y la violencia en el entorno digital, modalidades que hasta ahora no habían sido contempladas y cuya incorporación responde a una necesidad urgente.
En lo que respecta a la violencia económica, uno de los compromisos clave es la reforma del artículo 227 del Código Penal, relativo al impago de pensiones, ampliando su tipificación para incluir otras formas de explotación económica en el marco de la violencia de género. Esta medida es especialmente importante para las mujeres mayores, quienes a menudo carecen de independencia económica, a diferencia de las nuevas generaciones que, gracias a su creciente participación en el mercado laboral, han logrado mayores niveles de autonomía financiera.
Otro aspecto destacado de la renovación del pacto es el incremento significativo del presupuesto destinado a combatir la violencia de género. Se ha aprobado una partida de 1.500 millones de euros para los próximos cinco años, lo que supone un aumento del 50% respecto al presupuesto anterior. Este refuerzo financiero permitirá una implementación más eficaz de las medidas, garantizando que los recursos lleguen de forma eficiente a las víctimas y a las organizaciones que trabajan incansablemente para erradicar la violencia machista en todo el país.
Además, el pacto refuerza la necesidad de una coordinación efectiva entre las distintas administraciones públicas, organismos y entidades sociales. La creación de una red de colaboración entre los diferentes niveles de gobierno es fundamental para asegurar que las políticas y medidas de protección se apliquen de manera coherente en todo el territorio, incluyendo las zonas rurales y las comunidades más vulnerables. Asimismo, se han incorporado mecanismos de trazabilidad de los fondos destinados a la protección de las víctimas, garantizando la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos.
La nueva versión del pacto también pone un foco especial en la protección de colectivos particularmente vulnerables, como las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad y aquellas que enfrentan situaciones de especial riesgo.
Por otro lado, el pacto refuerza las medidas de prevención y educación, promoviendo programas de sensibilización y formación que buscan erradicar las actitudes machistas y fomentar la igualdad de género desde la infancia. Además, subraya la importancia de transformar la cultura social en torno a la violencia de género, promoviendo una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.
Con esta renovación, España da un paso decisivo en su compromiso por erradicar la violencia de género. Este pacto no solo responde a la necesidad urgente de proteger a las mujeres, sino que también reafirma la voluntad colectiva de construir un país donde todas las personas, independientemente de su género o edad, puedan vivir libres de violencia y discriminación. Se trata de un acuerdo esencial para avanzar hacia la igualdad real y la justicia, y su correcta implementación y seguimiento serán cruciales para asegurar que las víctimas reciban el apoyo necesario para reconstruir sus vidas.
