– Artículo de Fernando Flores publicado en InfoLibre.
Tengo la impresión de que los bancos han resuelto muy bien el embarazoso asunto de Carlos San Juan. Muchos medios han recogido las promesas de las entidades financieras como si ya estuviesen implementadas. Como si fueran parte de leyes obligatorias. Como si muchas de esas promesas no hubieran sido ya anunciadas hace meses. Como si se fuese a sancionar de forma edificante su incumplimiento. Como si no supiésemos qué significan para aquéllas los protocolos y los códigos de buena conducta. Como si el capital actuase de manera voluntaria al constatar el daño humano que su avaricia provoca.
«La banca mejorará los horarios y ofrecerá atención personalizada a los mayores», prometía un diario que conoce el futuro. ¿Cuántos de los 100.000 puestos de trabajo de los que han prescindido (despedidos o pactados) van a recuperar para hacerlo?, nos preguntamos los que sabemos cómo cuadra la banca sus cuentas. Porque si readmite a uno solo, ya no le van a salir.
La verdad es que no quería hablar de esto, aunque sí de algo que tiene que ver. Lo que a mí me ronda por la cabeza es una idea sobre lo que va a significar —lo que debería significar— para la sociedad la lucha por los derechos de las personas mayores. Algo que tímidamente ha empezado a visualizarse, y que va mucho más allá del (mal)trato en las oficinas bancarias, y también de las pensiones.
Como paso previo, no veo esa lucha por los derechos de los mayores como algo generacional, como algo exclusivamente de ellos. De hecho, creo que en la medida en que se asuma así —y ya se está tratando de crear por algunos un ‘relato’ de confrontación intergeneracional—, se desperdiciará una energía social que, desde posiciones democráticas, va a resultar muy necesaria en el futuro para proteger lo que queda de bien común y enfilar el camino hacia una sociedad menos violenta y más justa.
Después, conviene entender que a todos nos trae a cuenta reivindicar y defender los derechos de las personas mayores.
Primero, por lo obvio: porque esos derechos fundamentales están siendo masacrados sin miramientos. El desprecio que están mostrando los bancos hacia los ancianos no es más que una muestra de la seguridad que tienen de que no van a pagar por ello. ¿Cómo no la van a tener si miles de ellos han fallecido abandonados en las residencias y no hay entre las autoridades y partidos políticos quien mueva un dedo para investigar y hacer Justicia allí donde esta pide a gritos un trato digno a los familiares? En un Estado de Derecho, cuando se vulneran los derechos, lo obligado es reaccionar, determinar lo sucedido, reclamar responsabilidades y resarcir a las personas dañadas.
En segundo lugar, porque salvo quienes como Bogart en Llamad a cualquier puerta deseen morir jóvenes y dejar un bonito cadáver, la mayor parte de los seres humanos aspiran a la vejez; a la vejez con dignidad. Y como solo unos pocos van a llegar en condiciones económicas óptimas y acompañados por familiares amigables, trae cuenta ocuparse ahora de pensar el modo en que una sociedad en plena revolución demográfica va a gestionar un futuro decente para muchos mayores con «vidas extendidas».
Y, por último, porque la lucha por los derechos de los mayores es la lucha por los derechos. No solo por nuestros derechos cuando seamos viejos, sino por nuestros derechos hoy, ocupemos la franja de edad que ocupemos.
Cuando las personas mayores reivindican respeto y rechazan ser estereotipados, como lentas, improductivas y gravosas —el estereotipo es el prejuicio previo a la discriminación—, nos están diciendo que nadie debería serlo, y que en realidad la famosa “vulnerabilidad” de algunas personas o grupos tiene que ver más con cómo la sociedad trata injustamente ciertos rasgos: edad, raza, nacionalidad, género, discapacidad, opción sexual… que con los efectos negativos que esos rasgos ocasionarían a sus portadores.
Cuando piden soluciones para la soledad no deseada de miles de ancianos, ponen el foco en un problema social que trasciende la edad avanzada, y que está en el origen de muchas enfermedades mentales.
Cuando reivindican medios para una participación social democrática y efectiva, con derecho a información veraz e instrumentos para tomar parte en lo público, no solo incluyen a quienes por edad se ven desplazados en la deliberación y toma de decisiones de lo que personal y colectivamente les interesa, sino a la ciudadanía en su conjunto.
Cuando, en fin, proponen que los cuidados sean considerados un derecho fundamental, están construyendo la base de una transformación social necesaria y profunda —en lo político, en lo económico y en lo cultural—, hacia un nuevo modelo de convivencia. Una transformación que, a todas y todos, o al menos a la gran mayoría, nos trae a cuenta.
Los ejemplos de intereses comunes —y cada uno de los derechos lo es— podrían alargarse mucho más. Pero volvamos al principio, a los bancos.
La reivindicación de una «atención humana» por parte del capital, no solo en la banca sino en todos los ámbitos de su poder, cada vez menos limitados, quizás sea una utopía. Sin embargo, la capacidad de presión social sobre quienes toman las decisiones o asumen las omisiones que favorecen a los poderosos en perjuicio de la ciudadanía y del Estado de Derecho, existe, y en la medida en que existe, no se deja dominar y es eficaz, consigue derechos y beneficia a la mayoría.
De modo que la lucha de las personas mayores por sus derechos debería ser vista como una acción común, que sin duda les conviene, pero que también nos favorece a todos y que, quizás, esté poniendo las bases de un nuevo modelo de sociedad, más humano y más justo.
Fernando Flores es miembro del patronato de HelpAge España y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València. Artículo original publicado en InfoLibre.
