09/04/2021
La 11ª sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de la ONU sobre el Envejecimiento se celebró del 29 de marzo al 1 de abril, tras más de un año de pandemia y tras algunas de las más graves violaciones de los derechos humanos de las personas mayores. Sin embargo, no se han alcanzado decisiones importantes por la falta de participación de los Estados Miembros en los debates. Esta falta de compromiso por parte de los Estados perjudica a las personas mayores de todo el mundo.
Hace menos de un año, 146 Estados se comprometieron a promover y respetar los derechos de las personas mayores. Los Gobiernos respondieron así a los continuos mensajes edadistas de los medios de comunicación, a las graves violaciones de los derechos humanos en las residencias de mayores de todo el mundo y a las restricciones para contener el virus que se basaron en la edad y no en criterios médicos.
Once meses después, solo ocho de los Estados que asumieron este compromiso (Bangladesh, China, Argentina, México, UK, Catar, Turquía y Eslovenia) participaron en el debate sobre la Covid-19 y su impacto sobre las personas mayores en la reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de la ONU sobre el Envejecimiento. Además, a pesar del llamamiento del Secretario General de la ONU a actuar para acelerar el progreso hacia un instrumento jurídico internacional y de que 47 Estados Miembros aportaran sus declaraciones generales, la participación de los Estados en los debates interactivos fue escasa. Solo dos Estados (México y Argentina) participaron en el debate sobre cómo se aplican los derechos a la protección social y a la educación en la tercera edad, cuatro en el debate sobre el derecho al trabajo (Argentina, México, Canadá y Reino Unido) y cuatro en el debate sobre el derecho de acceso a la justicia (Reino Unido, Estados Unidos, México y Argentina).
Las dificultades técnicas de una reunión virtual impidieron a algunas ONG intervenir, pero la participación de la sociedad civil en el proceso siguió creciendo: 38 ONG fueron acreditadas por primera vez (lista completa de 197 ONG acreditadas), 39 ONG presentaron declaraciones y 35 pudieron hacer intervenciones orales.
Las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones sociales propusieron que se creara un subgrupo dentro del Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento para comenzar la redacción de una nueva Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores, que incluyese a expertos de los Estados miembros, de la sociedad civil, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y a la Experta Independiente de Naciones Unidas.
Son muchas las organizaciones sociales que llevan años reclamando la creación de una Convención que garantice los derechos de las personas mayores y multitud de informes y estudios muestran que es necesario avanzar en este sentido. De hecho, un nuevo estudio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aporta pruebas inequívocas de las lagunas existentes en la protección de los derechos de las personas mayores (resumen en español de este informe). Los diez años de trabajo del Grupo de Trabajo Abierto sobre el Envejecimiento proporcionan el contenido para empezar a redactar una nueva Convención.
Sin embargo, solo algunos Estados miembros apoyaron la propuesta (Alemania, Reino Unido, Eslovenia, Perú, El Salvador, Chile, Marruecos), otros dijeron que la considerarían (Cuba, Argelia) y algunos se opusieron (Federación Rusa, Santa Sede). La mayoría no hizo comentarios.
Además, las ONG presentes en esta reunión mostraron su frustración cuando, debido a la escasa asistencia de los delegados de los Estados Miembros, la reunión final de la sesión casi no puede celebrarse. Finalmente, después de una hora y 45 minutos, se alcanzó el quórum y la reunión concluyó. Las nuevas áreas de trabajo acordadas para la 12ª sesión del OEWG son «Seguridad económica» y «Contribución de las personas mayores al desarrollo sostenible». Lamentablemente, no se tomó ninguna decisión en la reunión final sobre el camino a seguir o la creación del subgrupo que se propuso. Las ONG ahora esperan que la Mesa del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento discuta con urgencia estas importantes propuestas y acuerde pronto un camino a seguir.
Como se afirmó desde la Alianza Mundial por los Derechos de las Personas Mayores (GAROP), formada por 394 organizaciones, «es inexcusable que los Estados Miembros sigan sin actuar ante la evidencia de la necesidad de una Convención». Emilia Romano, presidenta de HelpAge Italia, también recordó que «el pleno respeto de los derechos de las personas mayores en las residencias podría haber evitado muertes durante la emergencia, pero también podría haber evitado un gran sufrimiento y una sensación de miedo, abandono y soledad».
Desde HelpAge España, reiteramos que la actual crisis ha puesto en evidencia la necesidad de proteger los derechos de las personas mayores para que todas las personas puedan vivir con dignidad y participar en la sociedad durante todas las etapas de la vida. La crisis ha puesto de manifiesto que, en nuestra sociedad y en las sociedades de todo el mundo, la discriminación por razón de edad existe, por lo que es necesario reforzar los instrumentos legales de protección y promoción de los derechos de las personas mayores. Una Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores garantizaría que todas las personas puedan tener vidas plenas, seguras y satisfactorias también durante la vejez y conseguiría sociedades más justas y equitativas.
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