El pasado mes se presentó en Estrasburgo el informe de la comisionada de derechos humanos del consejo de Europa, Doña Dunja Mijatovic, su informe sobre su visita a España del 21 al 25 de noviembre de 2022[1].
Durante su visita se centró específicamente en los derechos sociales, libertad de expresión y asociación y los derechos humanos de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes. La comisionada mantuvo reuniones con varias autoridades como la presidenta del Congreso de los Diputados, la ministra de justicia, el ministro de inclusión, entre otras autoridades.
En el contexto general español destaca el dato de que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2021 alertaba como el 27,8% de la población se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social. Señala además que el acceso a los derechos sociales en España es complejo debido al reparto competencial que se encuentra recogido en los artículos 148 y 149 de la Constitución Española (CE), creando desigualdades en el acceso a los derechos sociales dependiendo de la Comunidad Autónoma (CCAA) donde se resida.
En este breve resumen de queremos centrarnos especialmente en los derechos sociales que constituyen el primer capitulo del informe de la comisionada para los derechos humanos del consejo de Europa dado que se evidencian problemas que afectan especialmente a las personas mayores en España, ello no implica que en el resto de las temáticas no se produzca una afectación a los derechos de las personas mayores.
La comisionada para los derechos humanos del consejo de Europa se centra en dos derechos sociales específicamente: el derecho a la vivienda y el derecho a la salud.
Derecho a la vivienda: la comisionada pone de manifiesto problemas que la sociedad española lleva diciendo los últimos años, la falta de acceso a una vivienda asequible el aumento de los desahucios y el aumento de las situaciones de sinhogarismo. Es cierto que las personas mayores son las que tienen menor tasa de sinhogarismo según datos del INE siendo el 5,5%[2] pero teniendo en cuenta que la edad media es de 42,9 años es importante que se aborde la cuestión cuanto antes.
Según la encuesta de condiciones de vida el 89,4%[3] de las personas mayores de 65 años tienen una vivienda en propiedad, pero cabe preguntarse si esa propiedad cumple con los requisitos de una vivienda habitable dado que “el derecho a la vivienda se define como el derecho a vivir en algún lugar en paz, seguridad y dignidad, y, incluye la
seguridad de la tenencia, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la habitabilidad, la accesibilidad ubicación apropiada y adecuación cultural”.
Primero señala cual es el marco regulatorio actual que se encuentra dentro del artículo 47 de la CE y después subraya como en 2021 España firma y ratifica la Carta Social europea revisada de 1996, la comisionada destaca la importancia de la aprobación de la ley de vivienda, que ya entro la semana pasada en vigor.
La recomendación que realiza la comisionada es principalmente la necesidad de una coordinación real entre administraciones a diferentes niveles, para asegurar el derecho a una vivienda adecuada teniendo en cuenta los grupos más vulnerables como los niños, las mujeres, o las personas mayores.
La experta independiente de los derechos de las personas mayores en 2022 realizo un informe que se llama “las personas de edad y el derecho a una vivienda adecuada”[4] subrayando la importancia de la habitabilidad y que cumpla condiciones que promuevan la autonomía de la persona.
Derecho a la salud: el derecho a ala salud es un derecho fundamental, y no se puede proteger únicamente a nivel individual sino necesita de todo un sistema.
La comisionada señala como las personas mayores que llegan a España por la vía de la reunificación familiar se encuentran excluidas del sistema de salud, así pues, se encuentran algunas personas mayores migrantes excluidas del sistema de salud[5].
Como se puede desprender de la modificación del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que transforma el articulo 3 que trata de los titulares del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria, o como se encuentra explicado en la Sentencia del Tribunal Supremo 911/2021, de 21 de septiembre de 2021, de la Sala de lo Social.
No únicamente lo ha denunciada la Comisionada, sino que también lo ha establecido el Defensor del Pueblo[6] además de colectivos ciudadanos organizados.
Otro asunto en el cual se centra especialmente la comisionada es el tratamiento que tuvieron las personas mayores durante de la pandemia y como en muchas ocasiones no tuvieron acceso a un tratamiento sanitario adecuado.
El informe de la comisionada señala como 7 de cada 10 muertes durante la primera ola de la pandemia ocurrieron dentro de las residencias de personas mayores, aproximadamente 11.389 personas murieron solas en residencias en Madrid, y el 73% de estas personas no fueron trasladadas a hospitales.[7]
Cuando posteriormente las familiar y actores de la sociedad civil se preocuparon e intentaron abrir investigaciones la mayoría de estas se cerraron sin mucha trascendencia y sin visitas a los centros.
La comisionada señala la importancia del nuevo acuerdo SAAD pero le preocupa especialmente la necesaria cooperación con las comunidades autónomas dado que son ellas las que tienen que implementar el nuevo modelo.
Es importante terminar con dos cuestiones que preocupan de forma general a la comisionada: en primer lugar, los recortes económicos en el ámbito sanitario y; en segundo lugar, las condiciones laborales a las que se enfrenta el personal puesto que tiene contratos temporales, gran presión y no tiene los suficientes recursos para poder llevar a cabo su trabajo.
[1] Se puede consultar el informe completo aquí: https://rm.coe.int/report-on-spain-following-the-visit-from-21-to-25-november-2022-by-dun/1680aaeb17
[2] Se puede consultar la nota de prensa aquí: https://www.ine.es/prensa/epsh_2022.pdf
[3] Se pueden consultar los datos aquí: https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=9994#!tabs-grafico
[4] Se puede consultar el informe completo aquí: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/431/75/PDF/N2243175.pdf?OpenElement
[5] https://www.eldiario.es/desalambre/ancianos-inmigrantes-excluidos-sanidad-publica-llamar-madre-84-anos-vacunarla-si-no-existe-sistema_1_7243604.html
[6] Se puede encontrar aquí: https://www.defensordelpueblo.es/noticias/asistencia-sanitaria-universal/
[7] Se recomienda leer los informes de Médicos del Mundo y de Amnistía Internacional España a este respecto.
