Con motivo del día internacional de los derechos humanos, que se celebra el próximo 10 de diciembre, HelpAge International España ha realizado un informe con el objetivo de subrayar todo el recorrido en relación con el reclamo de una Convención de los Derechos de las Personas Mayores para subrayar la necesidad de crear este instrumento jurídico internacional. Dentro del informe se resaltan los hitos nacionales e internacionales en los últimos 40 años, siendo especialmente reseñables los acaecidos este 2022.
Este informe pretende mostrar con datos e información cómo la Convención va tomando forma y cómo el proceso ha ido ganando peso con el tiempo.
La población mundial está viviendo una revolución demográfica sin precedentes, protagonizada por el aumento de la longevidad. Actualmente viven en el mundo más de 800 millones de personas con una edad superior a los 60 años. Cuando alcancemos el año 2050, las personas mayores de 60 años superarán en número a los niños menores de 14 años por primera vez en la historia. Además, el 80% de estas personas vivirán en países en vías de desarrollo. España es uno de los países del mundo con mayor longevidad, actualmente la esperanza de vida al nacer es de 83,07, si desagregamos por sexos la tasa en hombres es de 80,27 años mientras que la de las mujeres es de 85,83 años según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este informe analiza en profundidad como las personas mayores se enfrentan a situaciones de mayor vulneración de sus derechos, además de afrontar mayores barreras a la hora de participar en la toma de decisiones de la sociedad y sufrir amenazas constantes a su dignidad como personas.
Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores.
La sociedad en general y los poderes públicos están comprometidos con garantizar que todas las personas vivan con dignidad y puedan desarrollarse plenamente, y para ello es necesario proteger y garantizar los derechos de las personas en todas las etapas de la vida. Están comprometidos a esto a través de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que comprende la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), donde se reconoce desde 1948 la necesidad de proteger a las personas durante toda su vida, también cuando socialmente se las percibe como más vulnerable.
Sin embargo, dentro de los Pactos Internacionales, como el Pacto Internacional de los Derechos civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no hay menciones específicas a la vejez, ni a las personas mayores, a pesar de que los órganos de control de estos tratados han revisado el tema en profundidad realizando observaciones generales y recomendaciones tanto dentro del Comité de Derechos Humanos (CCPR) como en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR).
Estos tratados internacionales sí que crean obligaciones a las que se encuentra sujeto el Gobierno de España, y no son una mera declaración, dentro de estos se establece la necesidad de proteger, y promover los derechos recogidos dentro de los tratados internacionales sin discriminación alguna. Pero no son los únicos comités de tratados internacionales que se han preocupado y han puesto un acento especifico en los derechos de las personas mayores, sino que otros comités como el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) también tienen observaciones generales donde incluyen los derechos de las personas mayores.
Sin embargo, el hecho de no existir un régimen de protección específico genera escasa atención de los organismos existentes, y ésta resulta esporádica y en ocasiones poco rigurosa. Cuando los mecanismos de derechos humanos dirigen su atención a los derechos de las personas mayores, se pone el acento en el marco de los derechos económicos y sociales, por ello también este comité es el que tiene más observaciones generales a este respecto. Pero no se examinan de igual forma los derechos civiles y políticos, ente otros.
Por ello el objetivo de la creación de una Convención específica sobre los derechos de las personas mayores no es crear nuevos derechos, sino garantizar, proteger y promover los ya consagrados en el marco internacional para que también contemplen a las personas mayores. Se trataría de proporcionar un instrumento universal para la protección de sus derechos, favorecer una atención completa, garantizar su implementaciones y seguimiento y, lo más importante, garantizar que los derechos de las personas mayores se hagan efectivos. Con la Convención se pretende visibilizar los problemas específicos a los que se enfrentan las personas mayores. El propósito de este nuevo instrumento jurídico internacional de los derechos humanos debe ser promover, proteger ya asegurar el disfrute pleno e igualitario de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas mayores, así como promover el respecto de su dignidad inherente. Todo ello significa cambiar el enfoque de las políticas públicas a desarrollar posteriormente, superando el enfoque meramente asistencialista para diseñar políticas públicas desde un enfoque basado en sus derechos.
