El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a la Mesa del Senado una moción para instar al Gobierno a que apoye la necesidad de acordar la creación de una Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores, como instrumento jurídico vinculante, que promueva, proteja y asegure el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores. Desde HelpAge España, celebramos esta iniciativa y esperamos que el Gobierno, así como todos los grupos parlamentarios, poyen la creación de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores.
Aquí reproducimos el texto de la moción presentada:
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN sobre la futura Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores, para su debate en la Comisión de Derechos SocialesExposición de motivos
La población mundial está envejeciendo a un ritmo sin precedentes. Según datos expuestos por Naciones Unidas en el informe “Perspectivas de la población mundial 2019”, el 16% de la población mundial tendrá más de 65 años en el año 2050. Se prevé que el número de personas de 80 años o más se triplique, pasando de 143 millones en 2019, a 426 millones en el año 2050. Y se calcula que el 80% de estas personas, vivirá en países en desarrollo.
Estos datos demuestran que el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI. El aumento de la longevidad puede considerarse un éxito social, consecuencia de las políticas de desarrollo económico, sanitario y del bienestar en nuestras sociedades. Pero constituye un gran reto, que debe de abordarse desde la garantía de los derechos humanos de las personas en todas las etapas de la vida.
Según informes publicados por la entidad HelpAge Internacional, a medida que envejecemos, y por todo el mundo, las personas mayores se enfrentan a situaciones de mayor vulneración de derechos humanos, discriminación, barreras en la participación en sociedad y amenazas constantes a su dignidad personal.
De esta manera, se producen situaciones que vulneran los derechos de las personas mayores en todos los ámbitos: en el acceso a la salud, al empleo, a la propiedad y los derechos de herencia, a la información y a la educación, a los cuidados de larga duración, sin olvidar, las respuestas ante crisis humanitarias o sanitarias. En este sentido, los informes de la Experta Independiente para el disfrute de los derechos humanos de las personas de edad de Naciones Unidas, confirman el hecho de que las personas mayores se enfrentan a dificultades en el disfrute pleno de sus derechos.
La velocidad con la que se produce el cambio demográfico en contextos de desigualdad, ha instado a la comunidad internacional a elaborar instrumentos jurídicos para asegurar los derechos de las personas mayores como son, los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, la Declaración y el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Madrid (2002) y la Declaración y el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento (1982).Aun así, las conclusiones del informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el 24° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado del 9 al 27 de septiembre de 2013, indican que “a pesar de que la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos son aplicables a todos los grupos de edad, incluidas las personas mayores, ni en la redacción de los instrumentos de derechos humanos existentes ni en la práctica de los órganos y los mecanismos de derechos humanos se ha prestado la suficiente atención a una serie de cuestiones de derechos humanos que son particularmente importantes para las personas mayores”.
Por otro lado, la comunidad latinoamericana aprobó en 2015 en el seno de la OEA, la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, primer instrumento jurídicamente vinculante para promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores.
Además, las conclusiones de la UE sobre los derechos de las personas mayores muestran el compromiso de los Estados miembros de la UE con la garantía de los derechos de las personas mayores.
Considerando que la pandemia del COVID-19, ha puesto en evidencia le necesidad de reforzar los sistemas jurídicos en todos los países del mundo para garantizar la igualdad, la no discriminación y el derecho de las personas mayores a la protección de la salud, consideramos que ha llegado el momento de que los Estados estén obligados internacionalmente a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores.
El pasado mes de marzo, tuvo lugar la 11ª sesión del grupo de Composición Abierta sobre envejecimiento de Naciones Unidas (OEWG). El objetivo de este grupo es reforzar la protección de los derechos de las personas mayores en todo el mundo y, en su seno, se valoró la creación de un subgrupo que iniciase los trabajos de redacción de una nueva convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores, que incluyese a expertos de los Estados miembros, de la sociedad civil, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y a la Experta Independiente de
Naciones Unidas, pero dicha propuesta no prosperó.En este contexto, el Grupo Parlamentario Socialista cree que se hace más relevante la necesidad de reiterar el apoyo a la puesta en marcha de este nuevo instrumento jurídico vinculante, que permita a los Estados garantizar los derechos humanos de las personas mayores, de manera que estén adecuadamente protegidos en el derecho internacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
MOCIÓN
La Comisión de Derechos Sociales del Senado insta al Gobierno a que, en el marco de los foros diplomáticos internacionales multilaterales y en el seno de Naciones Unidas, se apoye la necesidad de acordar la creación de una Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores, como instrumento jurídico vinculante, que promueva, proteja y asegure el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores.
