Ayer el Senado aprobó con amplia mayoría el informe de la Ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento en España. Desde la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores, confiamos en que las recomendaciones del Informe se conviertan en políticas públicas y todas las administraciones tomen nota de las medidas que hay que tomar.
La Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores celebra que al fin el Senado aprobara ayer en pleno el Informe de la Ponencia de estudio sobre el proceso del envejecimiento constituida en 2020. La ponencia se celebró a iniciativa del grupo parlamentario socialista y el informe se aprobó ayer por amplia mayoría –255 votos a favor y 3 abstenciones-.
La Mesa Estatal había pedido a los grupos parlamentarios en reiteradas ocasiones la necesidad de debatir sobre los desafíos del envejecimiento en sede parlamentaria para poner el asunto en la agenda política y proponer reformas legislativas y propuestas de desarrollo de políticas púbicas que garanticen los derechos de las personas mayores. En 2021, comparecieron en la Ponencia las principales entidades representadas en la Mesa Estatal: la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la Comisión de Envejecimiento Activo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), HelpAge Internacional España, la Fundación Pilares, Grupo Social Lares, UGT, CCOO, Fundación Pasqual Maragall, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA).
El informe recoge 19 recomendaciones para avanzar en una sociedad más inclusiva con las personas mayores y 33 conclusiones relativas al incremento de la esperanza de vida en España, la vejez como etapa diversa y heterogénea, el envejecimiento de la población rural y el reto demográfico, el necesario impulso al Estado del Bienestar como garantía de protección de los derechos de las personas mayores, la igualdad de género en el proceso de envejecimiento, el cambio en el modelo de cuidados de larga duración y el nuevo modelo de atención residencial para personas mayores, entre otros.
El informe aboga por un Pacto de Estado para la protección y promoción de los derechos de las personas mayores, el impulso a una ley integral para la Igualdad de Trato y no discriminación, y la elaboración de una estrategia nacional sobre la soledad no deseada. Además, este informe hace un diagnóstico real de los desafíos que presenta el envejecimiento y la necesidad de avanzar en un modelo de bienestar que respete y promueva los derechos de las personas mayores, ya que ganar años a la vida no puede implicar una pérdida de derechos. En este sentido, el informe señala la necesidad de “promover la participación de las personas mayores en todas las esferas de la vida, respetando su voluntad y preferencias, entendiendo que son titulares de derechos y deberes en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos y ciudadanas del país”.
Desde la Mesa Estatal también valoramos de forma muy positiva que se aborde de forma específica el derecho de las personas mayores a una vida independiente y la necesidad de crear espacios amigables e inclusivos para las personas mayores, tal y como se concluye en el eje 5: “Es necesario construir una sociedad donde sea posible convivir todos y todas, independientemente de la edad, no sólo por razones de solidaridad, equidad o justicia social, sino también para contar con comunidades más fuertes, más capaces y más vivibles. Para garantizar la autonomía y el derecho de las personas mayores a una vida independiente, es fundamental llevar a cabo la transformación de los entornos, bienes, productos y servicios para que sean accesibles, también desde el punto de vista cognitivo, de manera que se promueva la adopción de medidas para formular políticas basadas en la accesibilidad universal, así como la promoción de modelos de cooperación comunitaria, que refuercen los vínculos relacionales y donde se gestione la diversidad”.
Con todo ello, la Mesa Estatal valora de forma muy positiva esta iniciativa y confía en que sirva de revulsivo para el impulso de políticas públicas adecuadas que faciliten el bienestar de las personas mayores y las oportunidades de desarrollo en una sociedad para todas las edades.
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