Con motivo del 1 de octubre, Día Internacional de las personas mayores.
Las personas mayores y las personas mayores con discapacidad no pueden disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto, lo que afecta a su dignidad y a multitud de aspectos de sus vidas. El edadismo, definido por la OMS como los estereotipos, los prejuicios y la discriminación hacia las personas en función de su edad, está presente a todos los ámbitos de la sociedad y se vive y sufre en la vida cotidiana a partir de los 60 años, cuando la sociedad empieza a considerar la edad como un factor diferenciador de las personas. El edadismo o discriminación por razón de edad es la tercera causa de discriminación en el mundo, como señala el Informe Mundial sobre el Edadismo publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las consecuencias de esta discriminación específica, nos encontramos desde la exclusión en el espacio público, hasta la limitación en su autonomía, capacidad de decidir o el maltrato o abuso físico, económico o emocional.
La vulneración de los derechos de las personas mayores se produce en todos los ámbitos sociales: en el empleo, en la educación, en la participación social y política, en el acceso y promoción de la salud, en el acceso a la justicia y en el ámbito de la protección social y los cuidados, donde hemos podido ver tras la pandemia la debilidad de los sistemas y servicios públicos y privados de atención. Seguimos teniendo una deuda moral con todas las personas mayores que fallecieron durante la pandemia sin recibir la atención sanitaria adecuada.
Asimismo, el edadismo, como cualquier otro tipo de discriminación, no puede ser analizado como un fenómeno aislado y unidimensional. Desafortunadamente, muchas personas son víctimas de una discriminación múltiple, que superpone la discriminación por edad a otras situaciones de discriminación y vulnerabilidad. En concreto, creemos que es de especial trascendencia destacar el caso de las mujeres mayores, que representan el grupo social en mayor riesgo de exclusión, especialmente si se asocia la edad a factores como la discapacidad, la inmigración o la pobreza.
Desde la Mesa Estatal por los Derechos de las personas mayores nos alegramos del aumento de la longevidad y celebramos algunos de los avances en la protección de los derechos de los últimos años, como las pensiones y el interés de los poderes públicos por nuestras reivindicaciones. Reconocemos avances en la consolidación de nuestros derechos en la aprobación de la Ley integral 15/2022, de 12 de julio, para la igualdad de trato y la no discriminación y la Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de julio, donde se hace una referencia explícita, por primera vez en nuestro derecho interno, a la discriminación por razón de edad.
Desde entonces se han dado pasos, aunque todavía insuficientes, en la protección de los derechos de las personas mayores. En 2022, se aprobó el Informe de la Ponencia de estudio sobre el envejecimiento en España por parte del Senado, el Acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las Comunidades Autónomas en relación con el Sistema de Atención a la Dependencia.
En 2023, se incluyeron a las personas mayores en la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global (artículo 4); y también se vieron incluidas en el II Plan Nacional de Derechos Humanos que específicamente cuando establece la participación activa en los estudios, trabajos y negociaciones para la elaboración de una Convención Internacional de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas Mayores, en línea con las últimas recomendaciones internacionales, así como de las resoluciones y trabajos que al efecto se llevan a cabo en Naciones Unidas, aportando la visión de consenso que al respecto se pacte en el seno de la Unión Europea.
Este año, se ha presentado la Proposición no de Ley sobre una Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores en el seno de Naciones Unidas, aún pendiente de debate en Pleno, y que es necesario que se apruebe y que vaya más allá estableciendo un mandato al gobierno de España más ambicioso en relación con la convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores.
A nivel internacional, también a lo largo de este año, hemos contemplado como diversos organismos de las Naciones Unidas han apostado por el carácter urgente de la creación de una convención de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas mayores. En concreto, cabe destacar la decisión 14/1 del Grupo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento donde incluye la posibilidad de un instrumento jurídicamente vinculante como solución para paliar las lagunas de los ordenamientos jurídicos respecto a la protección, promoción de los derechos de las personas mayores.
En ese mismo sentido destaca el posicionamiento en diferentes foros donde se reitera la necesidad de la convención como instrumento jurídico vinculante, carácter que no tiene el vigente Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento. Así se ha puesto de manifiesto en la decimocuarta y última sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento o en la 57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en la ponencia de la Experta Independiente.
Teniendo en cuenta todo esto y que las personas mayores representan ya casi el 25% de la población de nuestro país y es el grupo de población que más va a crecer en las próximas décadas, creemos obligado, necesario y urgente que los gobiernos se posicionen a favor y se inicien los trabajos de redacción de una convención de Naciones Unidas que promueva y garantice los derechos de las personas mayores, en toda su diversidad, para que los gobiernos y las sociedades de todo el mundo, sean conscientes y asuman sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos hacia las personas mayores, ahora y en el futuro, facilitando los procesos de participación de las personas mayores en todas las acciones.
Desde la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores (formada por más de 20 entidades del tercer sector), creemos que es absolutamente indispensable que el gobierno de España adquiera consciencia de las lagunas normativas existentes respecto a la protección de derechos de personas mayores, que siguen existiendo a pesar de las últimas modificaciones legislativas.
La creación de un instrumento jurídico vinculante como la convención, supondría un gran avance en la defensa de derechos de este colectivo y en la lucha contra el edadismo.
La Unión Europea y sus Estados miembros han demostrado ser líderes mundiales en la defensa de los derechos humanos y apoyar la creación de una convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores, demostraría que el respeto de los derechos de todas las personas continúa siendo una prioridad y una seña de identidad del proyecto común europeo, así mismo es necesario que el Parlamento Europeo apoye sin fisuras el restablecimiento del “Intergrupo sobre el Envejecimiento y la Solidaridad Intergeneracional”, para seguir trabajando por los derechos de las personas mayores dentro y fuera de la Unión Europea.
Solicitamos a la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado, a todos los grupos parlamentarios, que apoyen la adopción de una convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores y, que se inste al gobierno de España a tomar un rol activo en la promoción de esta convención dentro y fuera de la Unión Europea
con motivo del Día Internacional de las personas mayores (oficialmente se denomina Día Internacional de las Personas de Edad), que celebramos el 1 de octubre, España se sume a ese movimiento global que defiende y reivindica este nuevo instrumento internacional de protección de derechos humanos, que cada día se demuestra que es más necesario.
